Dado que comienza el periodo vacacional y estoy más vaga que mis dos perros juntos –expertos en encontrar el lugar más fresco de la casa y tirarse todo el día tumbados tan ricamente- … pues parece que me he quedado sin temas de qué comentar.
No es cierto, porque hay un par de ellos para mí del máximo interés, pero como sé que me voy a subir por las paredes no sé si es conveniente que empiece a dar puntadas. Además, ya he ido dejando en este y otros blogs miguitas de mi indignación. Me refiero a la dichosa ley de recuperación de la memoria histórica o como demonios haya sido finalmente bautizada y la reacción episcopal al nacimiento de una niña sevillana sin la enfermedad de Duchesnne.
En el primer caso –caigo en mi propia trampa- no sé si es recuperar la memoria o poner punto y final. Leo en El País de hoy que no se podrán publicar los nombres de los verdugos. Pues vale. Que no se eliminarán las calles, placas, monumentos y otros elementos de mobiliario urbano conmemorativo de la dictadura. Ah, pues vale. Que no se anularán los juicios de oficio, sólo a petición de parte. Bien, sin problema.
Francamente, no sé para qué coño sirve dicha ley. No tengo claro si todos los que consiguieron un título universitario durante la república y que con la “paz” fue revocado volverán a ser abogados o arquitectos o médicos. No sé si los matrimonios civiles de la república serán reconocidos y los hijos fruto de los mismos dejarán de ser ilegítimos (a buenas horas mangas verdes, ya ves tú lo que les importará a los cadáveres que reconozcan ahora sus matrimonios)
No tengo claro si los bienes confiscados a particulares y organizaciones republicanas o simplemente democráticas serán restituidos. Tampoco si se indemnizará a las víctimas del franquismo. Y no me refiero sólo a los de los primeros años, me refiero a todos. Me viene a la memoria, pongo por caso, todos esos detenidos que tenían la nefasta costumbre de caerse por las escaleras de la DGS o lanzarse por sus ventanas e incluso ponerse en la trayectoria de una bala.
Recuerdo con especial pavor el caso de Julián Grimau, fusilado en 1963 -24 años después de que concluyera la guerra- tras un consejo de guerra que pasará a la historia jurídica como un ejemplo de irregularidades procesales de dimensiones espectaculares. Manuel Fernández Martín –el fiscal militar del caso- ni siquiera había aprobado primero de Derecho. Durante 30 años mantuvo la farsa de ser abogado e incluso antes, pero ahí le pillaron, se hizo pasar por médico.
No fue la única irregularidad. A Grimau se le juzgó mediante un procedimiento derogado dos semanas antes, pero que se mantuvo en secreto.
Un año después de la ejecución se descubrió la impostura de Fernández Martín. En buena ley, todos los juicios y consejos de guerra en los que había participado eran nulos. En 1990 la causa llegó al Supremo, quien se negó a anular el consejo contra Grimau. Si lo hacía, se hubiera abierto una avalancha de revisiones judiciales. Hace cuatro años IU presentó en el Congreso una propuesta para rehabilitar la figura de Julián Grimau, que fue rechazada por la oposición del PP, entonces con mayoría absoluta.
Julián Grimau es quizás el caso más conocido, pero detrás de él se esconden cientos y cientos más. No sólo víctimas de una corrupta justicia, sino de la represión pura y dura. A mi memoria acuden víctimas franquistas incluso muerto Franco. Pues nada, punto final.
Vaya, no quería escribir de estos temas. Si es que me enredo como mi gatita Dina con el ovillo de lana.
